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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2020 de la Comunidad de Madrid, que modifica la Ley del Suelo para impulsar la actividad urbanística. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Modifica varias leyes de vivienda de Cataluña para impulsar la promoción de vivienda con protección oficial y regular nuevas modalidades de alojamiento en alquiler. Cambia el Decreto-ley 17/2019, la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, la Ley de urbanismo y la Ley 11/2020 de contención de rentas.

Crea las áreas de promoción económica urbana en Cataluña, zonas donde se agrupan actividades industriales, comerciales o de servicios. Regula cómo se constituyen, quién las gestiona, cómo se financian y cómo se extinguen, con reglas específicas para polígonos de actividad económica.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de una empresa contra una sentencia que anuló el artículo 12, párrafo primero, letra b) y el Anexo I del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. La sentencia confirma la nulidad de pleno derecho de esos preceptos.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante 2020 para políticas urbanas, arquitectura y edificación. Las ayudas financian actividades de entidades con convenios con el Ministerio, como ONU-Habitat, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Juan de Herrera.

Aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Regula cómo se evalúan los efectos sobre el medio ambiente de planes, programas y proyectos antes de aprobarlos o ejecutarlos. Incluye el procedimiento, el órgano ambiental competente y el régimen de seguimiento y sanciones.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.

Modifica la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria para agilizar la adaptación de los planes generales urbanísticos al Plan de Ordenación del Litoral. Establece cómo incluir suelos excluidos indebidamente de ese plan y somete estos ajustes a evaluación ambiental simplificada.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos apartados del artículo 40.4 de la Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La duda es si esa norma autonómica invade una competencia estatal sobre medio ambiente. El Tribunal se reserva el conocimiento del caso.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.