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Aprueba las bases para conceder ayudas a entidades locales que elaboren proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española. También abre la convocatoria para pedir estas subvenciones en concurrencia competitiva.

Establece medidas extraordinarias para limitar la densidad de ganado en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en Cataluña. Fija un índice de carga ganadera y regula durante cuánto tiempo se aplican estas limitaciones.

Renueva por dos años el acuerdo administrativo entre la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ONU-Habitat. Regula la cesión gratuita de locales públicos en Madrid para la Oficina de Representación de ONU-Habitat.

Establece un acuerdo administrativo entre la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y ONU-Hábitat para ceder espacio en la sede de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo para la Oficina de Representación de ONU-Hábitat en Madrid. El acuerdo no tiene contenido económico y dura doce meses, renovable anualmente.

Aprueba el documento técnico que fija las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los espacios públicos urbanizados de toda España. Actualiza la norma anterior de 2010 y regula aceras, itinerarios peatonales, cruces, mobiliario urbano, aparcamientos reservados y señalización.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 40.4, letras a) y c), de la Ley andaluza 7/2007, que excluye de evaluación ambiental estratégica los estudios de detalle y sus revisiones o modificaciones. La sentencia analiza si esa exclusión respeta la legislación básica estatal de evaluación ambiental.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

La ley simplifica los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y crea instrumentos de apoyo a la inversión empresarial para favorecer la reactivación económica tras la pandemia. Regula también la evaluación ambiental, las autorizaciones de instalaciones eléctricas, medidas urbanísticas y la gestión de fondos de recuperación.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

La ley regula la ordenación del territorio en Galicia. Establece los principios, los instrumentos de planificación territorial y el procedimiento para aprobarlos, modificarlos y aplicarlos. También crea el Instituto de Estudios del Territorio y regula la participación ciudadana y el acceso a la información territorial.

Modifica el artículo 10 de la Ley 15/2020 para regular el procedimiento de delimitación de las áreas de promoción económica urbana cuando la iniciativa corresponde al ayuntamiento. Así se ajusta ese artículo al artículo 5, que ya reconocía esa iniciativa municipal.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.