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Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para actualizar la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y del taxi. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y fija plazos para declarar los vehículos adscritos a autorizaciones de transporte discrecional.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.

Establece una revisión de precios extraordinaria en el contrato de servicio público de transporte marítimo entre El Hierro y Tenerife. El objetivo es compensar el aumento del precio del combustible causado por la guerra en Ucrania.

El Decreto-ley regula el transporte público regular de viajeros por carretera en Extremadura para adaptarlo a la crisis sanitaria. Establece un régimen de transporte a la demanda y compensaciones económicas a las empresas que cumplen obligaciones de servicio público. También modifica la Ley del comercio ambulante para dar más autonomía a los ayuntamientos.

Establece una compensación económica extraordinaria para las empresas concesionarias del transporte público regular de personas por carretera en las Illes Balears. La medida busca paliar la caída de demanda sufrida por estas concesiones a causa de la COVID-19. Regula también el procedimiento para solicitar y tramitar esa compensación.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.