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Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

Suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y de licencias de autotaxi en las Illes Balears. La suspensión se mantiene hasta que se apruebe un decreto que fije los criterios objetivos para concederlas. No afecta a las autorizaciones insulares temporales.

Modifica doce leyes y una norma reglamentaria de la Comunidad de Madrid para reorganizar la administración local y autonómica. Cambia el reparto de competencias en transporte urbano, el régimen de las mancomunidades de municipios y varios procedimientos administrativos.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica el reparto entre administraciones y empresas de transporte de las Illes Balears de la ayuda estatal de 43 millones de euros para el descuento del 100 % en abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre en 2023. Redistribuye 405.597,66 euros no justificados por algunas entidades.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para actualizar la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y del taxi. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y fija plazos para declarar los vehículos adscritos a autorizaciones de transporte discrecional.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica la Ley 4/2014 de transportes terrestres de las Illes Balears para regular los servicios de taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) de hasta nueve plazas. Establece condiciones de explotación y suspende nuevas autorizaciones.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica la Ley 20/1998 de transportes urbanos de la Comunidad de Madrid para incluir nuevos tipos de infracción y ajustar las sanciones en la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

Modifica la Ley 20/1998 de transportes urbanos de la Comunidad de Madrid para incluir en su regulación la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Ajusta la norma autonómica a la estatal, que reserva a estas autorizaciones el transporte interurbano.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.