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El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Regula una forma de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social para comunidades autónomas, entidades locales y sus organismos dependientes. Sustituye los convenios con comunidades autónomas y la Orden de 9 de abril de 2001, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Reorganiza la estructura de la Tesorería General de la Seguridad Social y actualiza funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cambia de órgano la competencia de contratación, unifica dos subdirecciones en una nueva de afiliación, cotización y recaudación, y crea una subdirección de administración digital.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta el nivel de subdirección general y fija las competencias de cada órgano. Ordena las secretarías de Estado, direcciones generales, subsecretaría y secretaría general técnica del departamento.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza la información sobre contratación administrativa que debe figurar en la Memoria y regula el tratamiento contable de entidades mancomunadas y sociedades de prevención de las mutuas colaboradoras.

Modifica los límites de deuda con la Seguridad Social para aplazar pagos y para no exigir garantías. Eleva los importes que fijan qué órgano concede cada aplazamiento y sube las cuantías por debajo de las cuales no se piden garantías.

Cambia qué oficina decide las solicitudes para pagar a plazos las prestaciones de la Seguridad Social cobradas de forma indebida. Esa competencia pasa a las direcciones de administración de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General, para plazos de hasta 60 meses.