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Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el gasto de personal, la deuda y las normas tributarias.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2024. Fija los créditos iniciales y su financiación, las normas de modificación de créditos, los gastos de personal, la gestión presupuestaria, las operaciones financieras y las normas tributarias.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Permite que la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de Cantabria colabore en la gestión de las subvenciones COVID-19 a empresas y autónomos de cultura y deporte que tramita la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. Durante seis meses podrá comprobar requisitos y apoyar la instrucción de estas ayudas.

La ley regula ayudas económicas para empresas y personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Cantabria, en el contexto de la crisis de la COVID-19. Establece el objeto, los tipos de ayuda, la financiación, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las personas beneficiarias.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Permite que la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte colabore, durante seis meses, en la comprobación de requisitos y en la tramitación de las subvenciones del Decreto 87/2020. Estas ayudas las gestiona la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. y van a empresas y autónomos de cultura y deporte afectados por el COVID-19.