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Modifica el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas contra la COVID-19 en las Illes Balears, para adaptar las infracciones a la exigencia del certificado covid digital UE en determinados establecimientos según el nivel de alerta sanitaria de cada isla. También regula un régimen excepcional de declaración responsable para obras e instalaciones en suelo urbano.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2022, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, entre ellas el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. Ajusta la tarifa del IRPF y las deducciones por mínimos personales y familiares.

Fija en 168,53 euros por MWh el precio medio de la energía para el primer trimestre de 2022. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad que prestan grandes consumidores eléctricos en los territorios no peninsulares.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Modifica tributos propios y cedidos, como las tasas, el impuesto sobre viviendas vacías y el de residuos, y cambia normas en materias como turismo, servicios sociales, vivienda, sanidad, educación y agricultura.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Esta ley regula las tasas y los precios públicos que cobra la Junta de Andalucía por sus servicios y actividades. Fija las reglas generales de estos cobros y crea tasas concretas en sectores como industria, transportes, agricultura, salud, educación, cultura, medio ambiente y vías pecuarias.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2022 en La Rioja. Modifica impuestos cedidos y tasas propias, y cambia normas sobre educación, carreteras, policía local, viñedo, función pública, urbanismo, servicios sociales y movilidad sostenible.

Fija los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de enero de 2022, con tres tramos según el consumo anual. También fija los precios del gas manufacturado y aire propanado en territorios insulares. El coste de la materia prima se limita a un 15 % de subida respecto al vigente.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Modifica el texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón y la ley de tasas y precios públicos. Actualiza cuantías, crea nuevos conceptos y tarifas, y permite pagar con tarjeta de crédito o débito.

Fija en 107,88 euros por MWh el precio medio de la energía para el cuarto trimestre de 2021. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad que prestan los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 17/2021, que contiene medidas urgentes para reducir el efecto de la subida de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece cómo calcular y refacturar los suplementos territoriales de los peajes de acceso a la red eléctrica del año 2013, tras varias sentencias del Tribunal Supremo. Fija el ámbito de aplicación, la información que deben enviar las comunidades autónomas y la metodología para determinar los costes.