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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Modifica las normas sobre nutrición sostenible de suelos agrarios. Ajusta el cuaderno de explotación y el plan de abonado, añade medidas para reducir emisiones de amoniaco y lixiviación, y flexibiliza el uso de estiércoles y abonos orgánicos.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza esa norma para incorporar al derecho español una directiva europea sobre esta materia.

Regula cómo se pueden conceder exenciones al cumplimiento de la normativa europea sobre sustancias y mezclas químicas (REACH y CLP) por razones de defensa. Fija los supuestos, las obligaciones de las empresas y el procedimiento de solicitud ante la autoridad competente.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Establece el régimen jurídico de los envases y sus residuos en España. Fija objetivos de prevención, reutilización, reciclado y valorización, y regula la responsabilidad ampliada del productor, los sistemas de depósito y devolución y las obligaciones de información y control.

Modifica el Real Decreto 1802/2008 para adaptar la normativa española sobre sustancias y mezclas químicas peligrosas al Reglamento europeo REACH. Ajusta las disposiciones nacionales que se mantenían sobre fichas de datos de seguridad y comunicación de riesgos en la cadena de suministro.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. La norma adapta la regulación española al derecho de la Unión Europea.

Regula los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deben cumplir los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. También crea el sistema de garantías de origen para el gas procedente de fuentes renovables.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a las personas trabajadoras frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza la norma para incorporar al derecho español la Directiva (UE) 2017/2398, que cambia la lista de sustancias y procedimientos y los valores límite de exposición profesional.

Modifica dos normas sobre residuos: la de pilas y acumuladores y la de aparatos eléctricos y electrónicos. Incorpora al derecho español una directiva europea sobre jerarquía de residuos y sobre la comunicación de datos de gestión de residuos.

Modifica el Real Decreto 665/1997 para actualizar la protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos y mutágenos. Añade a la lista los trabajos con exposición al polvo respirable de sílice cristalina e incorpora nuevos agentes y sus valores límite de exposición profesional.

Regula cómo se eliminan los residuos depositándolos en vertederos. Establece qué residuos pueden admitirse, cómo se autorizan y controlan las instalaciones y qué obligaciones tienen al cerrarse. También fija objetivos para reducir el vertido y criterios de admisión.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.