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Modifica la norma que regula el control metrológico de los instrumentos de medida para ampliar de cinco a siete años el plazo para sustituir los contadores de agua que ya estaban en servicio al entrar en vigor la Orden ICT/155/2020. También fija en doce años la vida útil de los contadores de agua limpia.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Aprueba las bases para conceder subvenciones a proyectos que mejoren la eficiencia del ciclo urbano del agua y abre la primera convocatoria de ayudas de 2022. Estas ayudas forman parte del PERTE de digitalización del ciclo del agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Establece las bases para que España y Portugal se presten apoyo logístico mutuo, con suministros y servicios entre sus fuerzas armadas, y para compensar después ese apoyo. Fija condiciones, procedimientos y el uso de formularios estándar de la OTAN.

El Acuerdo autoriza a la Comisión Europea a negociar y firmar, en nombre de los Estados miembros participantes, acuerdos de compra anticipada de vacunas contra la COVID-19 con los fabricantes. La compra de las dosis corre a cargo de los Estados miembros, que mantienen sus competencias de vacunación.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.