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Modifica la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias para ajustar varios artículos tras un acuerdo con el Estado y adaptarla a la ley estatal 7/2021. Regula instrumentos de planificación climática, proyectos de acción climática y medidas en sectores como turismo, agricultura, energía y educación.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a determinadas operaciones en la isla de La Palma. La medida busca favorecer la recuperación de actividades afectadas por la erupción volcánica de 2021.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas agrarias para recuperar la actividad agrícola y ganadera en La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Regula dónde y cómo se pueden restablecer o reubicar explotaciones, construcciones y servicios en las zonas afectadas.

Modifica las normas sobre nutrición sostenible de suelos agrarios. Ajusta el cuaderno de explotación y el plan de abonado, añade medidas para reducir emisiones de amoniaco y lixiviación, y flexibiliza el uso de estiércoles y abonos orgánicos.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula el uso de los terrenos cubiertos por la lava según su espesor y crea el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado, con un precio máximo de compraventa y de alquiler, y un registro autonómico de estas viviendas. También modifica varias normas sobre urbanismo, turismo y vivienda, y regula la actividad de agente inmobiliario.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para facilitar la creación de suelo destinado a vivienda protegida. Permite implantar viviendas públicas de protección en suelos vacantes de la red de servicios y de equipamiento, reduciendo cargas urbanísticas en esos procesos.

El decreto-ley declara la emergencia habitacional en Canarias y establece medidas para aumentar el suelo y las edificaciones disponibles para vivienda. Incluye cambios de uso de locales y parcelas a residencial, división de viviendas, promoción de vivienda protegida y agilización de trámites urbanísticos.

Establece medidas urgentes para construir y adjudicar vivienda protegida en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Regula la cesión de suelo, la ejecución de las obras, las personas beneficiarias y el régimen de adjudicación de las viviendas.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula las zonas cubiertas por lava según su espesor, los usos permitidos, la dotación de servicios y la reconstrucción de edificaciones.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Establece medidas temporales y urgentes para proteger el paisaje de La Rioja frente a la instalación de grandes proyectos de generación y transporte de energía en suelo no urbanizable. Regula la tramitación de estas instalaciones para evitar su implantación sin planificación previa.

Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la Política Agrícola Común en España, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y en aspectos del ejercicio de la actividad agraria. Incluye cambios en el régimen de penalizaciones por declaraciones incorrectas de superficies en los pagos directos.

Modifica el artículo 85 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco para fijar por separado los plazos de suspensión de licencias, aprobaciones y autorizaciones urbanísticas. La suspensión acordada antes de la aprobación inicial dura como máximo un año y no se descuenta del plazo posterior.

Prorroga la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para la recuperación de actividades en la isla de La Palma tras la erupción volcánica y para combatir los efectos del COVID-19.