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Modifica los anexos del Real Decreto 1030/2006, que fija la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y de los Reales Decretos 1277/2003, sobre autorización de centros y servicios sanitarios. Incluye el Banco de ovocitos en el Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acuerda actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 para la festividad de San José y la Semana Santa de 2021. La resolución ordena publicar ese acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Actualiza en 2020 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Regula el teletrabajo como modalidad de trabajo a distancia para las empleadas y empleados públicos, y establece medidas excepcionales de contratación de personal sanitario para reforzar el Sistema Nacional de Salud durante la crisis de la COVID-19.

Establece la organización interna del Ministerio de Sanidad, desde la Secretaría de Estado hasta las subdirecciones generales. Crea la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud y su dirección general dependiente. También modifica la estructura básica de los departamentos ministeriales.

Establece que los medicamentos huérfanos quedan fuera del sistema de precios de referencia del Sistema Nacional de Salud. Se aplica cuando no hay alternativa terapéutica con la misma indicación o, si la hay, cuando el medicamento aporta un beneficio clínico relevante. El precio se revisa si se comprueba que es económicamente viable.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.