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La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Regula la concesión directa de una subvención a la Generalitat de Cataluña para compensar los gastos de gestión de los convenios con la Administración General del Estado para tramitar becas y ayudas al estudio. La subvención se paga con cargo al presupuesto de 2021.

Aprueba la separación de la delegación catalana del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos para que pueda constituirse como colegio propio en Cataluña. La separación será efectiva cuando entre en vigor la norma autonómica que cree el nuevo colegio.

Amplía el presupuesto del Programa MOVES II, que da ayudas para una movilidad eficiente y sostenible, en 19.830.989,13 euros. Ese dinero se reparte entre cinco comunidades autónomas que habían agotado su asignación y tenían solicitudes en lista de espera.

Amplía en 35 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Ese dinero se asigna a Cataluña, que pasa de 49.493.353,71 a 84.493.353,71 euros.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. La ampliación responde a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Deja sin efecto el Acuerdo de 2015 que imponía condiciones especiales a la Comunidad Autónoma de Cataluña para acceder al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y garantizar la prestación de servicios públicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba esta retirada y ordena su publicación en el BOE.

Deja sin efecto las restricciones de salida de personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, que se habían prorrogado por la Orden SND/290/2020. Los procedimientos sancionadores ya iniciados siguen siendo válidos y continúan su tramitación.

Desarrolla el Real Decreto del estado de alarma por el COVID-19 en materia de tráfico. Permite cerrar o restringir carreteras por salud pública o seguridad y suspende temporalmente las restricciones de circulación para el transporte de mercancías. También suspende campañas de control y amplía plazos de permisos y trámites de vehículos.