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Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

Regula la concesión directa de subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo sostenible, gestionadas por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Establece las entidades beneficiarias, las actividades financiables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Publica un acuerdo que reúne en un solo texto la organización de la negociación colectiva en la Administración General del Estado y la asignación de recursos sindicales. Regula los órganos de negociación y las garantías de las organizaciones sindicales, y sustituye acuerdos anteriores.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las financia la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a entidades que participan en la contratación colectiva en origen de trabajadores migrantes. Regula el procedimiento, los requisitos de los beneficiarios, los criterios de valoración y la justificación del gasto.

Establece medidas urgentes para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Modifica la Ley 3/2007 de función pública para adaptarla a la normativa estatal sobre estabilización del empleo temporal.

Publica un acuerdo que adapta a la nueva estructura de ministerios el reparto de las mesas y subcomisiones donde la Administración General del Estado negocia con los sindicatos. Actualiza qué ministerios y organismos entran en la mesa general y cómo se componen las mesas delegadas y subcomisiones paritarias.

Publica el acuerdo por el que se reconocen los resultados de las elecciones sindicales de 2019 y se actualiza la representatividad de los sindicatos en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. También modifica el anexo 2.1 del Acuerdo de 16 de diciembre de 2020 solo en lo relativo a esa mesa.

Crea una Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para el personal de la Administración de Justicia no transferido. También modifica el anexo sobre número de miembros y composición de las mesas delegadas.

Suprime el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, que castigaba de forma agravada las coacciones para impedir el ejercicio del derecho de huelga. Ordena revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la norma derogada.

Aprueba y publica un acuerdo que modifica el de 30 de mayo de 2017 sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación en la Administración General del Estado. Fija la composición de las mesas de negociación, el número de delegados sindicales y los recursos y garantías de las organizaciones sindicales.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para financiar actividades de digitalización del sector productivo. Establece quiénes pueden recibirlas, el procedimiento, las obligaciones, los gastos subvencionables y la justificación y control del dinero.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.