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Suprime el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, que castigaba de forma agravada las coacciones para impedir el ejercicio del derecho de huelga. Ordena revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la norma derogada.

Aprueba y publica un acuerdo que modifica el de 30 de mayo de 2017 sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación en la Administración General del Estado. Fija la composición de las mesas de negociación, el número de delegados sindicales y los recursos y garantías de las organizaciones sindicales.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para financiar actividades de digitalización del sector productivo. Establece quiénes pueden recibirlas, el procedimiento, las obligaciones, los gastos subvencionables y la justificación y control del dinero.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.