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Modifica el ámbito territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Illes Balears, Barcelona, Córdoba, Madrid, Salamanca, Cantabria, Sevilla, València/Valencia y Zaragoza. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras. Surte efectos desde el 1 de enero de 2025.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Modifica el régimen fiscal de las prestaciones de jubilación o invalidez de la Seguridad Social que proceden de aportaciones a mutualidades de previsión social. Desde el 1 de enero de 2024 estas prestaciones se incluyen en la base del IRPF de Navarra. Crea además una deducción extraordinaria para 2024 por prestaciones cobradas entre 2020 y 2023.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para completar y mejorar el desarrollo de la Ley 12/2022, que impulsa los planes de pensiones de empleo. Incluye una adaptación para personas en jubilación parcial y ajusta la remuneración de los miembros de la Comisión de Seguimiento de los planes de empleo.

Fija el plazo especial para ingresar las diferencias de cotización que resultan de aplicar las nuevas bases de cotización de 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Esas diferencias se ingresarán en un único plazo, el del mes de febrero de 2025.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Toma como referencia las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Establece un marco entre España y Guatemala para regular la contratación de trabajadores guatemaltecos en España y de españoles en Guatemala. Distingue entre trabajadores estables (al menos un año) y de temporada (hasta nueve meses al año), y fija cómo se comunican las ofertas de empleo, las condiciones laborales y el retorno.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2025. Fija criterios y prioridades, con especial atención a las pequeñas empresas y a los sectores con más accidentes de trabajo en 2023.

Modifica la norma que regula el convenio especial con la Seguridad Social para contar la cotización de prácticas formativas y académicas externas hechas antes de la entrada en vigor de la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social. Permite suscribir ese convenio por una única vez y ampliar hasta un máximo de cinco años el cómputo de los periodos de formación.

Modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Precisa cómo se calcula la base de cotización de los trabajadores autónomos en casos de altas fuera de plazo y en periodos incluidos en actas de liquidación de la Inspección de Trabajo. También aclara qué circunstancias se tienen en cuenta al calcular la cuota en el procedimiento de regularización.