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Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura. Regula los requisitos de titulación, los cursos de formación especializada, las prácticas externas y la prueba de evaluación de la aptitud profesional.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios de Justicia, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Defensa. Reorganiza órganos y unidades, suprime algunos y adapta el Servicio Jurídico del Estado.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

Crea una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia para apoyar a los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Esta unidad forma parte del plan de refuerzo de la Justicia frente al COVID-19 y se ocupa de tareas administrativas de apoyo.

Regula cómo se obtiene el título de médico especialista en Medicina Legal y Forense mediante el sistema de residencia, con formación práctica en unidades docentes y convocatoria pública. También adapta otras normas para encajar esta especialidad en el sistema de formación sanitaria especializada.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia hasta el nivel de subdirección general y actualiza la organización interna de la Secretaría de Estado de Justicia. También modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.