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El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de Procuradores de España y anula el Real Decreto 64/2023, que aprobaba el Reglamento de acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. La norma se anula por ser contraria a derecho y se ordena publicar el fallo en el BOE.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura. Regula los requisitos de titulación, los cursos de formación especializada, las prácticas externas y la prueba de evaluación de la aptitud profesional.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios de Justicia, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Defensa. Reorganiza órganos y unidades, suprime algunos y adapta el Servicio Jurídico del Estado.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.