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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 12/2026, que declara varias iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Regula cómo se evalúan las tecnologías sanitarias (medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas, procedimientos y terapias) para informar decisiones sobre su incorporación, financiación, precio o retirada. Crea un sistema con un Consejo de Gobernanza y oficinas de evaluación, y fija el contenido clínico y no clínico de las evaluaciones.

Declara varios eventos culturales, deportivos y científicos como acontecimientos de excepcional interés público. Esto permite aplicar incentivos fiscales al mecenazgo previstos en la Ley 49/2002 para las actuaciones que apoyen su celebración.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de trece familias profesionales recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares sirven para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional y para reconocer y acreditar competencias.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección de la salud de las personas menores de edad y la prevención de conductas adictivas en Galicia. Establece medidas de promoción de la salud, prevención y control de la oferta de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y adicciones sin sustancia, con un régimen de inspección y sanciones.

Fija los contenidos mínimos de los cursos de formación sanitaria para las personas que trabajan en el mar y las condiciones para expedir y homologar el certificado correspondiente. Regula qué personas deben tener ese certificado, qué requisitos deben cumplir los centros y el profesorado, y cómo se registran y actualizan los certificados.

Deroga la Orden de 24 de junio de 1987 que exigía pruebas de detección del VIH antes de obtener o trasplantar órganos y prohibía el trasplante si el resultado era positivo. El control del VIH en trasplantes pasa a regularse por los protocolos sanitarios y la normativa vigente.

Modifica el artículo 13.1 de la Ley vasca contra el Dopaje para cambiar quién puede realizar los controles antidopaje. Los controles los hará personal sanitario habilitado por la Administración vasca, con condiciones alineadas con la normativa estatal.

Establece los criterios de calidad y seguridad que deben cumplir las unidades de radioterapia de los centros sanitarios. Regula el programa de garantía de calidad, las responsabilidades de los profesionales, el control del equipamiento, los incidentes y las auditorías.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Esta orden deroga la norma de 1984 que regulaba el reconocimiento de interés sanitario para actos científicos. Ese procedimiento nacional queda suprimido porque las comunidades autónomas ya regulan esta materia y la acreditación de la formación continuada de los profesionales sanitarios.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Modifica la norma que regula la tarjeta sanitaria individual para permitir que las autoridades sanitarias emitan, además de la tarjeta física, una tarjeta sanitaria virtual. La tarjeta virtual podrá sustituir a la física si la persona titular está de acuerdo. Se fija un plazo para adaptar técnicamente las tarjetas virtuales ya existentes.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.