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Modifica la Ley ferroviaria de Cataluña para tipificar y sancionar conductas que ensucian o deterioran las infraestructuras ferroviarias, como las pintadas. Ajusta varios artículos del régimen sancionador y añade un artículo nuevo sobre estas conductas.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Modifica la Ley de salud de Galicia para añadir medidas de prevención y protección frente a la violencia contra el personal sanitario. Incluye campañas de sensibilización social y regula cómo se aplican las medidas ya adoptadas.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Aprueba el listado de localidades y códigos postales de los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. Este listado sirve para aplicar la prohibición de importar en España productos originarios de esos asentamientos, recogida en el Real Decreto-ley 10/2025.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

Establece los criterios de actuación de la Agencia Tributaria para suspender la ejecución de actos impugnados mediante recursos y reclamaciones, y para coordinar su relación con los Tribunales Económico-Administrativos. Sustituye la resolución de 2005 y regula la tramitación de la suspensión, las garantías exigidas y la ejecución de resoluciones y sentencias.

Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

Amplía las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, aprobando el Acuerdo de la Junta de Transferencias de 25 de marzo de 2025.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Establece el importe de los recursos para financiar el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales. También modifica varias normas de servicios sociales, infancia y adolescencia y acreditación y concierto social.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.