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Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña para cubrir las reclamaciones que se presenten contra empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Regula su finalidad, dotación mínima, gestión, riesgos cubiertos y condiciones para solicitar la cobertura.

La ley establece medidas sociales y económicas. Declara exento del IRPF el ingreso mínimo vital, junto con otras ayudas de comunidades autónomas y entidades locales, hasta un límite anual conjunto. También concede una ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda para ejecutar sentencias judiciales.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para elevar de 601 a 15.001 euros la cuantía mínima de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que deben ser dictaminadas por el Consejo Consultivo. Incluye expresamente las reclamaciones tramitadas por las entidades locales.