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Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Actualiza las bases técnicas actuariales que sirven para calcular las indemnizaciones por daños y perjuicios a las personas en accidentes de circulación. Estas bases incluyen hipótesis económicas, financieras y biométricas usadas en las tablas del sistema de valoración.

Suprime el aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento de las Illes Balears y del presidente y miembros de su Gobierno. Desde su entrada en vigor, sus causas penales y civiles corresponden al órgano judicial que determine la ley, no al Tribunal Superior de Justicia ni al Tribunal Supremo por razón del cargo.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Actualiza los límites de indemnización del Convenio de Montreal sobre transporte aéreo internacional. Fija nuevas cuantías en derechos especiales de giro para daños a pasajeros, retrasos, equipaje y carga. Las enmiendas se aplican desde el 28 de diciembre de 2019.