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Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Actualiza las bases técnicas actuariales que sirven para calcular las indemnizaciones por daños y perjuicios a las personas en accidentes de circulación. Estas bases incluyen hipótesis económicas, financieras y biométricas usadas en las tablas del sistema de valoración.

España ratifica un protocolo que modifica el Convenio complementario al de París sobre responsabilidad civil por daños nucleares. El protocolo eleva la cuantía de reparación por accidente nuclear y fija cómo se reparte el pago entre el explotador, el Estado donde está la instalación y las demás partes.

Suprime el aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento de las Illes Balears y del presidente y miembros de su Gobierno. Desde su entrada en vigor, sus causas penales y civiles corresponden al órgano judicial que determine la ley, no al Tribunal Superior de Justicia ni al Tribunal Supremo por razón del cargo.

España ratifica el Protocolo de 2004 que modifica el Convenio de París sobre responsabilidad civil por daños nucleares. El Protocolo actualiza las reglas sobre quién responde y cuánto se paga cuando se producen daños por energía nuclear.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que tipifica como infracción el incumplimiento de normas electorales obligatorias que no sean delito. Declara que ese precepto es conforme a la Constitución.