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La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública restablece medidas para los Registros de Lleida y municipios del Baix Segrià por los rebrotes de COVID-19. Emite certificados para el desplazamiento del personal registral, prorroga el plazo de calificación y despacho y fija la atención al público por vía telemática y telefónica.

La Instrucción aclara cómo se reanudan los plazos registrales tras levantarse la suspensión por el COVID-19. Recuerda que el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020 sigue vigente y que la prórroga de quince días de los plazos de calificación y despacho se aplica a los documentos con asiento de presentación vigente el 13 de marzo de 2020.

Aprueba modelos de solicitud para inscribir en el Registro de Bienes Muebles la suspensión temporal de obligaciones de préstamos o garantías hipotecarias de personas físicas en situación de vulnerabilidad económica por el COVID-19. Los modelos son de uso voluntario.

Aclara cómo afecta el fin de la suspensión de los plazos administrativos, desde el 1 de junio de 2020, a actuaciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Indica qué plazos se reanudan y cuáles siguen suspendidos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.