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Concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el coste del agua de riego agrícola obtenida por desalación y por extracción de pozos y galerías. La subvención se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Modifica la composición de la Mesa Nacional del Regadío para incluir a una persona de la Asociación Española de Desalación y Reutilización y a un representante de cada organización profesional agraria más representativa en el ámbito estatal.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Modifica el Real Decreto 854/2022 para precisar cómo se determina el alcance de la declaración de interés general en las obras de modernización de regadíos. Ajusta la delimitación de las zonas regables a los cambios técnicos y materiales ocurridos desde su declaración inicial.

Regula los sistemas electrónicos para medir y controlar el agua que se capta de ríos y acuíferos, la que retorna al dominio público hidráulico y la que se vierte. Establece tipos de captaciones, categorías de aprovechamientos, requisitos técnicos de los medidores y frecuencias de envío de datos a los organismos de cuenca.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

La ley regula en Aragón la agricultura social y familiar, el regadío, la reordenación de la propiedad agraria y el Patrimonio Agrario de la comunidad. También prevé actuaciones frente a daños en explotaciones agrarias por eventos naturales de especial intensidad.

Aprueba la revisión de los planes hidrológicos de doce demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027. Estos planes ordenan el uso del agua, fijan caudales ecológicos, asignan recursos y establecen un programa de medidas y objetivos ambientales.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Crea la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. La Mesa es un órgano de coordinación entre administraciones y comunidades de regantes; el Observatorio analiza y evalúa la sostenibilidad del regadío.

Reduce para 2021 los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del IRPF en actividades agrícolas y ganaderas de zonas afectadas por circunstancias excepcionales. También rebaja los índices correctores por piensos comprados a terceros y por cultivos de regadío que usan energía eléctrica.

Reconoce como tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Para ello modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.