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Modifica el Real Decreto 1042/2021 para ampliar el plazo de ejecución de la subvención concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esa subvención financia la modernización de los servicios de atención a víctimas de violencia machista y la creación del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección (CEC-ATENPRO) en Alcorcón.

Establece las bases y convoca subvenciones para modernizar tecnológicamente las entidades del Tercer Sector, con financiación del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula requisitos, solicitudes, valoración de proyectos, gastos subvencionables, pago y justificación.

Aprueba las bases reguladoras y abre la convocatoria de 2022 de subvenciones para digitalizar y modernizar las Juntas Arbitrales de Consumo dependientes de administraciones locales y autonómicas. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista. La FEMP gestiona el servicio telefónico ATENPRO, que atiende a las víctimas las 24 horas.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para los sistemas de administración electrónica. Fija principios, estructura organizativa, responsabilidades y obligaciones del personal en materia de seguridad de la información.

Regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas españolas para modernizar y digitalizar el sistema universitario. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financian con fondos europeos. La norma fija el procedimiento, las beneficiarias, los plazos, las cuantías y la justificación.

Aprueba recomendaciones sobre criterios y estándares de evaluación para verificar, modificar, seguir y renovar la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y Máster que se ofertan en modalidad virtual o híbrida. Ofrece un marco común de buenas prácticas para todo el sistema universitario.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.