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Modifica dos leyes autonómicas para impulsar la economía del dato en Asturias. Amplía el objeto social del gestor de infraestructuras de telecomunicaciones Gitpa a nuevas tecnologías y regula el uso del dominio público viario para instalar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información y de los Servicios en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento y fija su organización y funciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

Modifica el Real Decreto 1042/2021 para ampliar el plazo de ejecución de la subvención concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esa subvención financia la modernización de los servicios de atención a víctimas de violencia machista y la creación del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección (CEC-ATENPRO) en Alcorcón.

Actualiza las cláusulas generales del Servicio de Liquidación de Depósitos Interbancarios del Banco de España para adaptarlas al nuevo sistema TARGET, que sustituye a TARGET2 desde el 20 de marzo de 2023. Las liquidaciones pasan a realizarse en nuevas cuentas dedicadas de efectivo (DCA RTGS) y desaparecen las figuras de participante directo e indirecto.

Modifica el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico para limitar solo a una parte de la banda de 26 GHz el número de títulos habilitantes, de modo que el resto pueda usarse para comunicaciones electrónicas en autoprestación. También amplía hasta el 14 de febrero de 2024 el plazo para el cese de emisiones de TDT en definición estándar.

Establece el marco para usar de forma sostenible antibióticos en animales de granja. Regula el cálculo del consumo por explotación y un indicador nacional de referencia en el sistema PRESVET, los controles y las responsabilidades, con un régimen sancionador.

Establece las bases y convoca subvenciones para modernizar tecnológicamente las entidades del Tercer Sector, con financiación del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula requisitos, solicitudes, valoración de proyectos, gastos subvencionables, pago y justificación.

Establece las bases reguladoras y convoca ayudas para ofrecer a usuarios finales un servicio de banda ancha de al menos 100 Mbps, sobre todo en zonas rurales remotas, e instalar el equipamiento necesario. Las ayudas financian parte del coste del servicio y del alta.

Regula la concesión directa de una subvención a organismos públicos de protección civil y emergencias de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid. El dinero sirve para desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Establece las bases para conceder ayudas a la conexión de fibra óptica (backhaul) en emplazamientos de redes públicas de telefonía móvil y abre una primera convocatoria. Forma parte del Plan de Recuperación y del programa «Unico 5G Redes-Backhaul Fibra Óptica».

Establece los criterios técnicos para considerar a un operador como «pertinente» y los medios electrónicos (el sistema SIEGA) para comunicar las existencias de cereales, semillas oleaginosas y arroz. Fija también la periodicidad y las fechas de esas comunicaciones.

Aprueba las bases y abre la convocatoria de 2022 de subvenciones para que las entidades locales transformen digitalmente y modernicen sus administraciones. Está dirigida a las entidades locales que no presentaron proyectos en la convocatoria anterior por el importe máximo que tenían asignado.