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Establece los criterios de actuación de la Agencia Tributaria para suspender la ejecución de actos impugnados mediante recursos y reclamaciones, y para coordinar su relación con los Tribunales Económico-Administrativos. Sustituye la resolución de 2005 y regula la tramitación de la suspensión, las garantías exigidas y la ejecución de resoluciones y sentencias.