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Establece los criterios de actuación de la Agencia Tributaria para suspender la ejecución de actos impugnados mediante recursos y reclamaciones, y para coordinar su relación con los Tribunales Económico-Administrativos. Sustituye la resolución de 2005 y regula la tramitación de la suspensión, las garantías exigidas y la ejecución de resoluciones y sentencias.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Constitucional declara nulo el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedía recurrir ante un juez los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La norma se anula por vulnerar el derecho a la tutela judicial sin indefensión y el principio de exclusividad jurisdiccional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción de la Ley 13/2009. Se cuestiona si ese precepto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la potestad jurisdiccional.