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Crea la Unidad de Seguimiento de la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, un órgano colegiado que impulsa esta estrategia y coordina a los ministerios implicados. La estrategia planifica los recursos que España destina a países en desarrollo en materia de clima.

Establece las tarifas que se cobran en el área española del Registro de Derechos de Emisión de la Unión Europea, creado por la Ley 1/2005. Regula qué cuentas pagan, qué servicios adicionales se prestan y qué ocurre si no se paga.

Establece el método para calcular el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en los vertederos donde se depositan residuos biodegradables. Ese coste se incluirá en el precio que los vertederos cobran por admitir estos residuos.

Crea la Asamblea Ciudadana para el Clima y fija su composición, organización y funcionamiento. Regula su mandato, su gobernanza y el método de trabajo, en línea con el derecho a participar en asuntos ambientales.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, a proyectos de investigación y actividades que apoyen la transición ecológica, la conservación del patrimonio natural y la lucha contra el cambio climático.