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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

La ley establece el marco de la acción climática en Galicia: fija objetivos, órganos de gobernanza, planes y estrategias, e integra la perspectiva climática en la contratación, las ayudas, los presupuestos y la educación. También regula la meteorología, la climatología y la calidad del aire.

Crea la Unidad de Seguimiento de la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, un órgano colegiado que impulsa esta estrategia y coordina a los ministerios implicados. La estrategia planifica los recursos que España destina a países en desarrollo en materia de clima.

Regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del medio ambiente para el ejercicio presupuestario 2025. Fija quiénes pueden recibirlas, qué actuaciones se financian, el procedimiento de concesión, las cuantías, el pago y la justificación del dinero.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

Establece cómo se organiza España para elaborar y comunicar los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Regula el inventario nacional, las proyecciones, las políticas y medidas, y los informes que se envían a la Unión Europea y a organismos internacionales.

Modifica la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias para ajustar varios artículos tras un acuerdo con el Estado y adaptarla a la ley estatal 7/2021. Regula instrumentos de planificación climática, proyectos de acción climática y medidas en sectores como turismo, agricultura, energía y educación.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante 2024 a cuatro organizaciones ambientales estatales: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife. Fija el procedimiento, los beneficiarios, las cuantías, los gastos subvencionables y la justificación.

Establece las tarifas que se cobran en el área española del Registro de Derechos de Emisión de la Unión Europea, creado por la Ley 1/2005. Regula qué cuentas pagan, qué servicios adicionales se prestan y qué ocurre si no se paga.

La ley establece el marco para la transición energética y la lucha contra el cambio climático en el País Vasco. Crea órganos de gobernanza y planificación, fija objetivos de eficiencia energética y energías renovables, y regula la adaptación del territorio. También prevé instrumentos de educación, investigación y participación social.

Establece el método para calcular el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en los vertederos donde se depositan residuos biodegradables. Ese coste se incluirá en el precio que los vertederos cobran por admitir estos residuos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.