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Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Establece medidas para frenar las estafas de suplantación de identidad por llamadas y mensajes de texto. Incluye el bloqueo de comunicaciones con numeración no asignada o con origen internacional que simula números nacionales, y regula la identificación de los números usados en atención al cliente y llamadas comerciales.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

Establece un complemento de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022. También cambia la fecha de entrada en vigor de obligaciones de las entidades que declaran a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y modifica varias órdenes sobre crédito revolvente, publicidad bancaria y transparencia.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.