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Regula la concesión directa de subvenciones en Canarias para paliar la difícil situación económica de sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros afectados por la crisis del COVID-19. Establece los requisitos, el procedimiento de concesión, las obligaciones de los beneficiarios y las reglas de reintegro.

Establece que los orujos grasos que salen de las almazaras se consideren subproductos, y no residuos, cuando se destinan a extraer aceite de orujo de oliva crudo. Fija los requisitos que deben cumplir y las obligaciones de quien los produce y de quien los usa.

Modifica el Real Decreto 1363/2018, que regula las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. Cambia la fecha límite del 15 de agosto al 15 de septiembre para disponer de datos de disponibilidades y estimaciones más ajustados y adapta varias disposiciones adicionales a la normativa europea sobre el sector.

Regula cómo se reconocen las organizaciones de productores y sus asociaciones en determinados sectores ganaderos, y fija las condiciones para que puedan negociar contratos en nombre de sus miembros. También crea un registro nacional y regula el control y las sanciones.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Modifica las bases de dos líneas de subvenciones para entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico: una para fomentar su integración mediante fusiones y otra para apoyar inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios. También fija el régimen de las subvenciones de convocatorias anteriores.

Establece las normas básicas para ordenar las granjas avícolas, tanto de carne como de puesta. Fija requisitos de higiene, bioseguridad, bienestar animal, ubicación, gestión de estiércoles y reducción de emisiones. Regula también el registro, la autorización y el movimiento de animales y huevos.

Establece las bases reguladoras de las subvenciones para que titulares de explotaciones agrarias, operadores del sector pesquero e industrias agroalimentarias obtengan avales de SAECA que garanticen préstamos para su financiación. Regula beneficiarios, requisitos, cuantías, solicitud, resolución, pago y reintegro.

Modifica dos reales decretos sobre clasificación de canales de porcino, vacuno y ovino. Ajusta aspectos técnicos del marcado y etiquetado, la presentación de referencia y los factores de corrección del peso, y la comunicación de precios de mercado.

Modifica la norma que regula las autorizaciones de plantación de viñedo para adaptarla a un reglamento europeo. Amplía plazos de vigencia de autorizaciones de nueva plantación, replantación y conversión de derechos, y permite renunciar a ellas sin penalización.

Establece las normas básicas para aplicar en España el artículo 167 bis del Reglamento europeo que regula el mercado de productos agrarios. Permite fijar normas de comercialización en el sector del aceite de oliva para regular la oferta y estabilizar el mercado. Regula el contenido de esas normas, la comunicación de estimaciones de producción, los controles y las sanciones.

Modifica las declaraciones obligatorias de primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y de fabricantes de leche líquida envasada. Añade la obligación de comunicar datos de leche cruda ecológica y de producciones de calidad diferenciada, como denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Fija el final del pago diferido de cuotas a la Seguridad Social a través de asociaciones empresariales para tres sistemas especiales del Régimen General: frutas y hortalizas, conservas vegetales y manipulado de tomate fresco. Las empresas podrán usar esa modalidad hasta la cotización de diciembre de 2020.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.