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Modifica el Decreto-ley 11/2020, que creó un régimen sancionador específico para los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. La norma adapta ese régimen a la nueva situación sanitaria y al nuevo estado de alarma.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y dos disposiciones adicionales de la Ley de Cataluña 11/2020, que regula la contención de rentas en los alquileres de vivienda. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Publica un acuerdo que aprueba el procedimiento para sancionar al personal laboral de la Administración General del Estado que trabaja en el exterior. Sustituye un procedimiento anterior anulado por un tribunal y fija cómo se tramitan las faltas graves y muy graves.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la Ley General Tributaria para obligar a comunicar a la Administración determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Traslada al derecho español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal. La obligación afecta a los intermediarios que diseñan o comercializan estos mecanismos y a los contribuyentes que los usan.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra varios artículos de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Anula en parte el precepto que sancionaba el uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o agentes de policía y ordena interpretar otros preceptos conforme a la Constitución.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Modifica el reglamento de la Ley del Cine para que las personas físicas del sector se relacionen con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales solo por medios electrónicos. También obliga a todas las salas de cine a controlar la asistencia y declarar rendimientos mediante el procedimiento ordinario de los «Buzones».

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Comité Nacional de Transporte por Carretera contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre formación de conductores y control del transporte por carretera. Anula el artículo 98 de ese real decreto y no impone costas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos, disposiciones transitorias y un anexo de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, de la Región de Murcia. El recurso lo presentan diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional declara nulo el artículo 40 de la Ley Foral 7/2006 de Navarra, que permitía calificar las infracciones de consumo como leves, graves o muy graves según unos criterios generales. El tribunal considera que ese precepto no concreta qué circunstancias determinan cada calificación y vulnera el derecho a la legalidad sancionadora.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Establece el régimen de infracciones y sanciones en Navarra por incumplir las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula qué conductas se consideran leves, graves o muy graves, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas.

Establece un régimen sancionador específico en Cataluña para quien incumpla las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula la inspección, las infracciones y su clasificación, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Establece un régimen de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda en las zonas declaradas como áreas con mercado de vivienda tenso. Fija cómo se determina la renta inicial y su actualización mediante un índice de referencia de precios. También modifica varias leyes catalanas sobre el derecho a la vivienda.