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Modifica el Código Penal en materia de imprudencia al conducir vehículos a motor o ciclomotor. Cambia el artículo 142 y el 152 para considerar imprudencia grave ciertos supuestos de conducción con circunstancias del artículo 379 cuando se produce muerte o lesiones. También modifica la Ley de Tráfico.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias y las medidas para controlar y gestionar la pandemia de COVID-19. Regula medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas, pruebas, rastreo) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según cada nivel.

Establece las velocidades máximas de navegación para buques y embarcaciones en las aguas del puerto de Eivissa, en las zonas I y II adyacente. Incluye definiciones, régimen de infracciones y sanciones. Sustituye a la ordenanza aprobada en 2017.

Establece los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores de camiones y autobuses en el transporte por carretera. Fija cuántas jornadas se controlan, cómo se hacen los controles en carretera y en las empresas, y qué datos se recogen.

Modifica el Real Decreto 511/2017, que regula en España el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. Cambia el procedimiento para seleccionar y adjudicar a los proveedores que suministran estos productos a los centros escolares. Establece dos sistemas de gestión: directa por las autoridades competentes o indirecta a cargo de los centros escolares.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

Establece las normas de convivencia en las universidades y regula los medios alternativos para resolver conflictos, como la mediación ante una Comisión de Convivencia. También fija el régimen disciplinario: faltas muy graves, graves y leves, sus sanciones y el procedimiento para imponerlas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Añade un artículo 29 bis a la Ley Foral del Defensor del Pueblo de Navarra. Regula cómo actúa el Defensor cuando una administración o su personal no colabora con sus investigaciones.