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Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.

Modifica el régimen sancionador creado para castigar los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. También cambia el artículo 19 y añade un artículo 54 bis a la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Establece el régimen de infracciones y sanciones por incumplir las medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Regula la inspección, las actas, los tipos de infracciones (leves, graves y muy graves), las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Modifica el Decreto-ley 11/2020, que creó un régimen sancionador específico para los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. La norma adapta ese régimen a la nueva situación sanitaria y al nuevo estado de alarma.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la Ley General Tributaria para obligar a comunicar a la Administración determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Traslada al derecho español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal. La obligación afecta a los intermediarios que diseñan o comercializan estos mecanismos y a los contribuyentes que los usan.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.