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La ley regula en Aragón la agricultura social y familiar, el regadío, la reordenación de la propiedad agraria y el Patrimonio Agrario de la comunidad. También prevé actuaciones frente a daños en explotaciones agrarias por eventos naturales de especial intensidad.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

Modifica el texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón y la ley de tasas y precios públicos. Actualiza cuantías, crea nuevos conceptos y tarifas, y permite pagar con tarjeta de crédito o débito.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón y la Ley del Patrimonio de Aragón para regular a quién corresponden los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados. Atribuye estos bienes a la Comunidad Autónoma de Aragón.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Suspende durante un plazo máximo de dieciocho meses la instalación y apertura de nuevos salones recreativos, locales de apuestas externas y espacios de apuestas en casinos y salas de bingo. También modifica la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas de Canarias.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.