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La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía. Establece cómo se clasifica el suelo (urbano y rústico), qué derechos y deberes tienen los propietarios, cómo se planifica y ejecuta el urbanismo y cómo se controla la edificación. También fija el régimen de disciplina y sanciones y medidas para edificaciones irregulares.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para cambiar qué actuaciones urbanísticas necesitan licencia y cuáles pasan a comunicación previa o declaración responsable. También fija un régimen transitorio y obliga a adaptar las ordenanzas municipales.

Modifica las normas de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León para permitir que se pueda cobrar junto con el ingreso mínimo vital. Así, cuando el ingreso mínimo vital sea inferior a la renta garantizada, esta última complementa la diferencia.

Modifica la Ley 21/2007 de puertos de Andalucía para regular los plazos de las concesiones portuarias de competencia autonómica. Incluye reglas transitorias para ampliar el plazo de concesiones vigentes otorgadas antes de su entrada en vigor y para sus prórrogas.

Modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y el Decreto 48/1998 sobre protección frente al ruido. Regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, desde la solicitud de inicio hasta la aprobación y publicidad.