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Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Crea y regula el Registro electrónico de apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). En él se inscriben los poderes que los interesados otorgan a representantes para realizar trámites ante este organismo por vía electrónica.

Modifica las bases de las subvenciones del SEPE a las comunidades autónomas para renovar oficinas de empleo. Las comunidades ya no tendrán que presentar una declaración responsable sobre estar al corriente de impuestos y Seguridad Social: el SEPE pedirá esos certificados directamente.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del «Programa TándEM en entidades del sector público estatal», un programa de formación en alternancia con el empleo para jóvenes menores de 30 años no cualificados, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica la orden que regula las subvenciones para proyectos de innovación sobre desinstitucionalización y servicios de apoyo comunitarios en cuidados de larga duración. Cambia plazos de ejecución y justificación, y el pago anticipado de la subvención, para que las entidades beneficiarias puedan ejecutar sus proyectos.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Adopta medidas urgentes para paliar los daños de la sequía en el sector agrario. Incluye aplazamientos de cuotas de la Seguridad Social, reducciones fiscales, apoyo a la financiación y medidas excepcionales para las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana.

Establece las instrucciones para que los centros de universidades públicas y privadas obtengan la acreditación institucional, y publica dos protocolos: uno para certificar sus sistemas internos de garantía de calidad y otro para evaluar la renovación de esa acreditación.

Fija el calendario de días inhábiles para el año 2022 en las Illes Balears a efectos del cómputo de plazos administrativos. Incluye las fiestas nacionales y autonómicas, las fiestas locales de cada municipio y los días inhábiles de la Sede Electrónica autonómica.

Modifica la Orden TMS/368/2019, que regula la oferta formativa de formación profesional para el empleo y las subvenciones para financiarla. El cambio permite ampliar los plazos de ejecución de los programas formativos subvencionados ante situaciones como la pandemia de COVID-19 u otras circunstancias sobrevenidas.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Modifica la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para ajustar sus plazos al Mapa de Ayudas de Finalidad Regional 2022-2027 y amplía la vigencia de la Zona Especial Canaria. También fija un nuevo plazo para renunciar o revocar el método de estimación objetiva del IRPF y los regímenes simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.