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Modifica normas de la Región de Murcia para simplificar trámites administrativos en medio ambiente, medio natural e investigación agrícola y medioambiental. Incluye cambios en la Ley de Protección Ambiental Integrada y en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Crea un fondo de financiación incondicionada para las entidades locales autónomas de Andalucía, con una dotación inicial de 2,5 millones de euros que empieza en 2022. Regula qué entidades pueden recibirlo, cómo se reparte el dinero, cómo se notifica y cómo se paga.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía. Establece cómo se clasifica el suelo (urbano y rústico), qué derechos y deberes tienen los propietarios, cómo se planifica y ejecuta el urbanismo y cómo se controla la edificación. También fija el régimen de disciplina y sanciones y medidas para edificaciones irregulares.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para cambiar qué actuaciones urbanísticas necesitan licencia y cuáles pasan a comunicación previa o declaración responsable. También fija un régimen transitorio y obliga a adaptar las ordenanzas municipales.

Modifica las normas de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León para permitir que se pueda cobrar junto con el ingreso mínimo vital. Así, cuando el ingreso mínimo vital sea inferior a la renta garantizada, esta última complementa la diferencia.

Modifica la Ley 21/2007 de puertos de Andalucía para regular los plazos de las concesiones portuarias de competencia autonómica. Incluye reglas transitorias para ampliar el plazo de concesiones vigentes otorgadas antes de su entrada en vigor y para sus prórrogas.

Modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y el Decreto 48/1998 sobre protección frente al ruido. Regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, desde la solicitud de inicio hasta la aprobación y publicidad.