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Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

Regula que el Instituto Social de la Marina tramite de forma automatizada, con medios electrónicos y sin intervención directa de empleados públicos, ciertos actos en procedimientos de prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Incluye jubilación contributiva, muerte y supervivencia, incapacidad permanente, nacimiento y cuidado de menor, incapacidad temporal y otras prestaciones relacionadas.

Establece el procedimiento para que la Agencia Tributaria embargue telemáticamente dinero en cuentas abiertas en proveedores de servicios de pago, como las entidades que gestionan monederos o pagos electrónicos. Regula cómo se envían las órdenes de embargo, cómo se retiene el dinero y cómo se comunican los resultados.

Regula cómo se devuelven al Tesoro Público los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuando no se gasta el dinero o no se cumplen los objetivos previstos. Fija las causas, quién tramita el reintegro, las garantías y cómo se cobran las deudas.

Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

Modifica la norma que regula las notificaciones y comunicaciones electrónicas en la Administración de la Seguridad Social. Actualiza el marco de relación electrónica obligatoria con la Seguridad Social conforme a la Ley 39/2015 y al Reglamento de actuación por medios electrónicos.

Modifica la Orden APA/142/2026 para cambiar el marco jurídico de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026 por daños de fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura. Las ayudas pasan de acogerse al régimen de minimis agrícola a las Directrices de la Comisión sobre ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que gestiona la asistencia sanitaria y social del personal de la Administración de Justicia. Regula su estructura central y provincial, sus órganos de gobierno y participación, y su régimen económico, presupuestario, de contratación y de personal. También modifica el Reglamento del Mutualismo Judicial.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra varios artículos y una disposición final de la Ley 10/2025, que regula los servicios de atención a la clientela. El recurso cuestiona también la modificación que esa ley hace de la Ley 44/2002 sobre reforma del sistema financiero.

Desarrolla en Ceuta y Melilla el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula la composición y funciones de los equipos multiprofesionales del Imserso y el procedimiento administrativo, incluida la tarjeta acreditativa.

Modifica el Reglamento de extranjería para actualizar la tramitación de solicitudes de extranjeros en España. Incluye la perspectiva de infancia y de género como principios que guían su aplicación y regula la colaboración de entidades y de Correos en la gestión de solicitudes.