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El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

Modifica el Decreto-ley 1/2022, que regula medidas urgentes urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el texto anterior para ajustar esas medidas.

Modifica el Decreto-ley 14/2021 para que los titulares de explotaciones agrarias afectados por el volcán de La Palma puedan pedir las ayudas de emergencia sin tener que inscribirse antes en el Registro de Personas Afectadas. Establece un procedimiento de concesión a instancia de parte para este sector.

Modifica varias normas de Canarias. Cambia la ley del suelo para regular la legalización de explotaciones ganaderas y los planes de ordenación de recursos naturales, ajusta el reglamento de planeamiento y modifica la ley de la Agencia Tributaria Canaria y la del patrimonio autonómico.

Prorroga el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para paliar los efectos del COVID-19, permite que las universidades públicas canarias destinen su remanente de libre disposición a determinados gastos y adapta las medidas tributarias excepcionales de La Palma a la normativa anterior.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Regula el alquiler de vehículos con conductor (VTC) en Cataluña. Crea autorizaciones de ámbito urbano con condiciones específicas y fija el régimen de infracciones y sanciones. Se aplica cuando termina el periodo transitorio de cuatro años del Real Decreto-ley 13/2018.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Establece medidas urgentes para agilizar en Aragón la gestión de los fondos europeos Next Generation EU, en concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Regula especialidades en gestión presupuestaria, subvenciones, contratación y carreteras para tramitar estos fondos.

Establece medidas urgentes para mejorar la contratación pública en Extremadura y favorecer la reactivación económica. Regula la ponderación del precio, los umbrales de ofertas anormalmente bajas, la revisión de precios en obras públicas y los retrasos por falta de suministros.

Amplía el plazo de suspensión de títulos habilitantes para nuevos locales de juegos y apuestas en Canarias. Modifica la Ley 2/2020, de 14 de octubre, que suspende la instalación de nuevos salones recreativos, locales de apuestas externas y espacios de apuestas en casinos y salas de bingo.

Modifica normas catalanas para acelerar el despliegue de energías renovables distribuidas y participadas. Regula el autoconsumo eléctrico, crea la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables y ajusta el Decreto-ley 16/2019 y la Ley 16/2017 del cambio climático.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma estatal que sustituye el procedimiento de modificación judicial de la capacidad por procesos de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Regula la asistencia como medida de apoyo y fija reglas transitorias para las medidas ya existentes.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Establece reglas especiales para conceder y tramitar ayudas públicas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y convocatorias propias. También modifica la Ley 5/2018 de vivienda y otras normas sobre viviendas desocupadas y fianzas de alquiler.

Modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la tramitación de sus renovaciones, mejorar la financiación de la gestión que hacen los ayuntamientos y crear un suplemento económico para familias con menores de edad a cargo.

Modifica el Decreto-ley 1/2021 de Extremadura para ampliar los sectores que pueden recibir ayudas de recuperación frente a la COVID-19. Añade actividades económicas relacionadas con la hostelería, el turismo y el comercio que también se vieron afectadas por la caída de actividad o el cierre.