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Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Modifica la Ley de Caza de Cantabria y el decreto que regula la Reserva Regional de Caza Saja. Simplifica el procedimiento para renovar los cotos de caza, que siguen durando diez años, y mantiene la información pública en la renovación.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Regula los montes de Andalucía: qué se considera monte, cómo se clasifican en públicos y privados, su registro y catálogo, y las competencias de la Junta y los ayuntamientos. Establece normas de gestión sostenible, conservación, prevención de incendios, fomento y régimen sancionador.

La ley establece el marco de la acción climática en Galicia: fija objetivos, órganos de gobernanza, planes y estrategias, e integra la perspectiva climática en la contratación, las ayudas, los presupuestos y la educación. También regula la meteorología, la climatología y la calidad del aire.

Modifica la Ley de capitalidad de Palma y regula aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Palma y al Consejo Insular de Formentera. También cambia normas sobre temporalidad y función pública, y trata el transporte de residuos de Formentera a Ibiza y la reserva de biosfera de Menorca.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica la Ley 2/2023 de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja para ajustarla a las competencias del Estado. Elimina o cambia varios artículos sobre los que había discrepancias con la Administración General del Estado y también modifica la Ley 8/2022 de caza y gestión cinegética.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Este decreto-ley establece medidas urgentes para proteger a las personas y el medio natural en las Illes Balears en relación con determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral. Regula la ordenación de estas explotaciones para garantizar la seguridad, la sanidad y el bienestar animal, así como la protección del medio ambiente.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.

La ley regula la entrada y circulación de vehículos en la isla de Eivissa para reducir la congestión en los meses de más afluencia turística. Establece limitaciones generales, un techo insular de vehículos, obligaciones para las empresas de alquiler y un régimen de inspección y sanciones.