Buscar en el BOE

Concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar prestaciones básicas de servicios sociales que gestionan las entidades locales. Regula el procedimiento de concesión, las obligaciones de la entidad beneficiaria, los gastos subvencionables, la cuantía, el pago y la justificación.

Modifica la Ley 24/2015 de Cataluña para reforzar la protección de las personas en riesgo de exclusión residencial. Mientras dure la pandemia, impide el desalojo si el gran tenedor no ha ofrecido antes un alquiler social.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Suprime la fecha límite del 30 de septiembre de 2020 para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Desde ahora se aplican los plazos generales de ese plan.

Regula la concesión directa de subvenciones a cuatro entidades (Fundación CEPAIM, Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano y Federación Española de Universidades Populares) para desarrollar el programa SARA. Este programa se dirige a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como migrantes, de etnia gitana, jóvenes y mayores de 45 años.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Crea y modifica programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para paliar el impacto del COVID-19 en el alquiler de vivienda habitual. Incluye ayudas directas al alquiler, préstamos sin intereses avalados por el Estado y apoyo a personas en situación de desahucio o sin hogar.

La Instrucción establece que el Ministerio de Defensa apoye al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante el estado de alarma por el COVID-19. El apoyo se centra en la protección de las personas sin hogar y de los asentamientos chabolistas, siguiendo las órdenes e instrucciones de ese Ministerio.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña. Aclara qué ayudas no cuentan como ingresos, reduce a dos meses el periodo de falta de ingresos exigido y precisa la documentación bancaria a presentar.