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Cambia la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno para ajustarla a la nueva estructura de Vicepresidencias. Fija qué cargos presiden cada comisión y qué ministerios participan en ellas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la reconstrucción y recuperación tras una erupción volcánica en Canarias. Establece derechos de realojamiento y ayudas para las personas afectadas, y medidas en vivienda, economía, empleo, sanidad, educación, medio ambiente y patrimonio. También prevé un consorcio para coordinar la vuelta a la normalidad.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, con la totalidad de gastos e ingresos del sector público y los beneficios fiscales. Incluye normas sobre personal, gestión del gasto, operaciones de crédito y actualización de tasas.

Modifica la Ley 10/2017 de La Rioja para introducir medidas fiscales de apoyo al medio rural. La norma se centra en la actividad agraria y su entorno. Incluye una disposición que deroga otras normas y fija su entrada en vigor.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

La ley establece medidas para frenar la pérdida de población en municipios de la Comunitat Valenciana y para que sus habitantes tengan los mismos servicios y oportunidades que el resto. Define qué es un municipio en riesgo de despoblamiento, crea órganos de coordinación y un fondo de cooperación municipal, y regula actuaciones en servicios públicos, empleo, vivienda y economía.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para financiar servicios de movilidad territorial en la provincia de Cuenca. La subvención se enmarca en un proyecto integral de movilidad acordado con varias administraciones para mejorar el acceso a servicios básicos en zonas rurales.

Establece el marco de la política demográfica y territorial de Extremadura para afrontar la despoblación. Crea órganos de coordinación, una Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial y un informe anual con indicadores. Regula medidas en agricultura, desarrollo rural, urbanismo, vivienda, servicios públicos, empleo, familias, cultura, industria e igualdad.

Fija cómo se reparten 13.486 millones de euros entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, una dotación adicional prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. También indica la partida presupuestaria y el procedimiento para pagar esos fondos.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

La ley establece el marco de la acción de la Xunta de Galicia para impulsar la demografía. Crea órganos de coordinación y define políticas de apoyo a las familias, la juventud, la conciliación, el retorno de población y el equilibrio territorial.

Establece instrucciones técnicas para que los Ayuntamientos gestionen el Padrón municipal: formación, actualización, revisión y custodia de los datos. Incluye cómo tramitar altas, bajas y cambios, y cómo remitir los datos al Instituto Nacional de Estadística (INE).