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Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para que el tiempo de servicio social obligatorio de la mujer cuente, con un límite de un año, para acceder a la pensión de jubilación parcial, igual que ya ocurre con el servicio militar y la prestación social sustitutoria.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la protección de los hijos e hijas menores de edad que quedan huérfanos cuando su madre es asesinada por violencia de género. Incluye medidas sobre pensión, trámites sucesorios y asistencia jurídica.

Reforma el sistema público de pensiones para mantener su poder adquisitivo y reforzar su sostenibilidad financiera y social. Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, y crea un mecanismo de equidad intergeneracional.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.