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Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato de una persona con incapacidad permanente total, la empresa debe intentar ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Modifica la ley de Castilla-La Mancha contra la violencia de género para que las ayudas económicas a hijas e hijos en situación de orfandad por el homicidio o asesinato de sus madres puedan recibirse más allá de los 18 años, si se cumplen los requisitos que se fijen. También actualiza el objeto y la finalidad de la ley.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para que el tiempo de servicio social obligatorio de la mujer cuente, con un límite de un año, para acceder a la pensión de jubilación parcial, igual que ya ocurre con el servicio militar y la prestación social sustitutoria.

Reforma el sistema público de pensiones para mantener su poder adquisitivo y reforzar su sostenibilidad financiera y social. Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, y crea un mecanismo de equidad intergeneracional.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.