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Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que establece medidas urgentes de incentivos a la contratación laboral y de mejora de la protección social de las personas artistas. La convalidación mantiene vigente esa norma.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.

Fija qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales del INSS y qué dirección resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional. Sustituye a la resolución de enero de 2022.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Fija la subida de las pensiones de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2023. Establece un aumento general del 8,5 % y regula cómo se aplica, los complementos por mínimos y las cuantías de prestaciones familiares y ayudas sociales.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para que el tiempo de servicio social obligatorio de la mujer cuente, con un límite de un año, para acceder a la pensión de jubilación parcial, igual que ya ocurre con el servicio militar y la prestación social sustitutoria.

Regula cómo el Ingreso Mínimo Vital se combina con los ingresos del trabajo o de la actividad por cuenta propia. Establece una parte de esos ingresos que no se descuenta de la prestación (renta exenta) para que trabajar resulte más rentable. Fija el cálculo, el reconocimiento de la exención y su evaluación.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 13/2022, que crea un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y mejora la protección por cese de actividad. La convalidación mantiene vigente la norma.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2022, que recoge medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, atender situaciones de vulnerabilidad social y económica y apoyar la recuperación de la isla de La Palma.

Regula cuándo se entiende causada la pensión de jubilación contributiva y el ingreso mínimo vital. En la jubilación, la persona interesada puede elegir la fecha del hecho causante si cumple los requisitos. En el ingreso mínimo vital, el hecho causante es la fecha de presentación de la solicitud.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado contra el Real Decreto 1053/2020, que modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. La sentencia confirma la validez de esa norma y no impone costas procesales.