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Modifica la Orden PJC/439/2024 para ampliar el ámbito de actuación de la Mesa de Contratación de la Abogacía General del Estado. Elimina la limitación a materias de energías renovables, eficiencia energética y transición ecológica, y añade la exigencia de transferencia previa del crédito necesario.

Crea la Comisión Nacional para organizar los actos del V Centenario del Consejo de Estado en 2026. La comisión diseña, planifica y coordina los eventos y actividades conmemorativas. Es un órgano colegiado interministerial de la Administración General del Estado.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Crea la Agencia Estatal de Administración Digital y aprueba su Estatuto, que fija su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno y régimen de personal, presupuestario y de control. La Agencia sustituye a la Secretaría General de Administración Digital.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.

Crea la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia. La Comisión vigila el cumplimiento de las once líneas de actuación y treinta y una medidas del Plan, evalúa su impacto y puede proponer cambios. Se convoca al menos una vez al trimestre.

Concede una subvención directa a la Fundación Princesa de Asturias para financiar la convocatoria 2024 de los Premios Princesa de Asturias. La norma fija la entidad beneficiaria, las actuaciones financiadas, la cuantía, el pago, las obligaciones y la justificación.

Crea el Consejo de la Productividad de España, un órgano que analiza y evalúa las políticas públicas que afectan al crecimiento de la productividad. Regula su composición, presidencia, secretaría, funciones y forma de funcionamiento, y prevé un informe anual.

Modifica el Real Decreto que fija la estructura básica de los ministerios para incluir asesores científicos en los gabinetes de los ministros. Estos asesores trabajarán en red coordinados por la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, creada en febrero de 2024.

Crea y regula los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027). Establece un Comité de dirección y una Comisión interministerial de seguimiento, con sus fines, funciones, composición y mandato.

Regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias que tienen acuerdos de cooperación con el Estado: la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones a financiar, las cuantías, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Crea y regula las Juntas y Mesas de Contratación del nuevo Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Estado de Justicia. Define sus funciones, composición y funcionamiento, y deroga las órdenes anteriores de los ministerios suprimidos.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Industria y Turismo hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos de las Secretarías de Estado de Industria y Turismo, la Subsecretaría y la Secretaría General Técnica, y actualiza sus funciones.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2024.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta el nivel de subdirección general. También modifica normas sobre la Abogacía General del Estado, el Centro de Estudios Jurídicos y la Fundación Pluralismo y Convivencia.