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Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica la Ley de Patrimonio Cultural Vasco para fijar los criterios por los que un bien inmueble puede tener protección básica y para permitir instalar energías renovables en bienes del patrimonio, sobre todo residenciales. También establece un plazo para que los catálogos municipales se adapten.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Actualiza la regulación del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), un organismo público dedicado a la investigación y el estudio. Define sus funciones, sus clases de miembros, sus órganos de gobierno y su régimen jurídico y económico. Sustituye la ley de 1988.

Modifica varias leyes del Principado de Asturias para simplificar trámites administrativos en evaluación ambiental, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio cultural, carreteras y transportes. También regula la gestión presupuestaria de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del React-EU.

Regula el mecenazgo cultural en Castilla-La Mancha: crea un plan, una oficina y un consejo regional, y establece modalidades de colaboración privada con la cultura (donaciones, cesiones de uso y convenios) con beneficios fiscales.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.