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Modifica el Decreto-ley 14/2021 para que los titulares de explotaciones agrarias afectados por el volcán de La Palma puedan pedir las ayudas de emergencia sin tener que inscribirse antes en el Registro de Personas Afectadas. Establece un procedimiento de concesión a instancia de parte para este sector.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Establece medidas excepcionales para facilitar el pago de deudas tributarias en Canarias. Permite aplazar el ingreso de determinadas deudas, ampliar fechas de vencimiento de deudas ya aplazadas y aplazar deudas en período ejecutivo. También amplía el plazo de autoliquidación de la Tasa fiscal sobre los juegos.

Establece la obligación de informar y comunicar datos para ejecutar la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Cataluña. También modifica el artículo 2 del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, sobre medidas presupuestarias en relación con el sistema sanitario.

Establece medidas sociales extraordinarias por la COVID-19 en residencias y centros de día para personas mayores, incluyendo la actualización de precios y un complemento a la prestación económica vinculada al servicio. También crea una prestación en el ámbito de la cultura y modifica el Decreto-ley 25/2020.

Modifica dos decretos-ley anteriores para ampliar medidas sociales y sanitarias frente a la COVID-19 en los servicios sociales. Incluye más servicios y modalidades de financiación pública, como las plazas con prestación económica vinculada, y aclara hasta cuándo se aplica el abono previsto.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Establece medidas urgentes en la contratación pública de Extremadura para responder al impacto económico del COVID-19. Regula la prórroga de la continuidad de los contratos, los pagos parciales y la colaboración entre órganos de contratación.